Concentración En Defensa de la Filosofía. #LaFilosofíaImporta
El pasado 2 de diciembre un centenar de personas se concentraron frente a la Delegación del gobierno en Murcia, en una convocatoria organizada por la SFRM, en protesta contra la situación en la que se queda la filosofía con la nueva ley educativa, la LOMLOE, la cual reduce la carga horaria anual de unas 600 horas entre la ESO y bachillerato, que tenemos ahora, a unas 200 que contempla la nueva ley.
Desde la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia (SFRM) expresamos nuestro profundo desacuerdo con los mínimos propuestos en el borrador del Real Decreto de educación en que se perfila la nueva ley educativa (LOMLOE) para las asignaturas vinculadas a la Ética y la Filosofía, tanto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, como durante el Bachillerato.
Como asociación comprometida con la defensa y difusión de la filosofía en la sociedad y en nuestro sistema educativo, y en consideración a su trascendencia en tanto que saber vertebrador del pensamiento y la experiencia humanas, debemos señalar su importancia a la hora de constituir una ciudadanía consciente, participativa y crítica. Consideramos la actual propuesta horaria que llega desde el Ministerio de Educación como un grave maltrato a la Ética y a la Filosofía relegando la responsabilidad de dotarla de una cantidad horas lectivas suficientes a las respectivas Comunidades Autónomas. Por tanto, la ordenación educativa que se plantea en el último borrador publicado supone un serio menoscabo, tanto del papel de la filosofía en la educación, como del derecho del alumnado a recibir una educación en valores éticos y una formación filosófica completa y rigurosa.
Remarcamos que, a pesar de constituir el presente borrador una propuesta de mínimos, la dotación horaria asignada a las materias pertenecientes a la especialidad de Filosofía supone una pérdida horaria tan importante que pone en riesgo la enseñanza de la Filosofía en nuestro sistema educativo, relegando la responsabilidad de una dotación horaria que garantice la enseñanza adecuada de dichas materias a los distintos gobiernos autonómicos.